El caso Odebrecht prueba de corrupción imparable

 

Todos los intentos del correismo de presentar la denuncia del soborno de 33.5 millones de dolares entregados a un alto funcionario de su gobierno por la “Odebrecht” como “algo fabricado politicamente” por la Corte de Justicia de los Estados Unidos; que <los contratos con la “Odebrecht” fueron “transparentes”> ratifica que la corrupción en la construcción de la “obra pública”, que deben ser fiscalizados por un gobierno patriótico, ha envuelto al gobierno de Correa durante toda esta década.

 

No bien le cayó al correismo como un “Tsunami” la corrupción en Petroecuador que  echó abajo el paradigma de “las manos limpias”  y cuando su cohorte de propagandistas había paliado dichos fragores inaugurando la hidroeléctrica “Coca Codo Sinclair”, trayendo de Perú al Presidente de China agiotista; distrayendo con la Ley de Plusvalía y el aumento del encaje bancario de 2 a 5 puntos para asaltar los recursos de los depositantes y la cínica “Consulta Ética” por la cual “no pueden ser funcionarios quienes tengan depósitos en paraísos fiscales” cuando su gobierno ya tenía a Altos Funcionarios -como Pareja Yanuzelly-  con cuentas de millones de dólares en empresas como “CAPAYA” en el paraíso fiscal de Panamá; política de distracción vulnerada por la represión al pueblo shuar que puso al descubierto el respaldo de Correa a las mineras chinas “ExplorCobre” y “Ecuacorrientes” agravada por la persecución sobre “Acción Ecológica” debido al respaldo de ésta al pueblo shuar que fue deformada por una profusa propaganda que justificaba dicha brutal represión: No bien todo este aparataje del gobierno creó un ambiente de confusión respecto de la corrupción en que estaba embarcado se le vino encima el descubrimiento, por parte de la Corte de Justicia de los Estados Unidos, de una millonaria coima entregada por la ODEBRECHT a un Alto Funcionario de su gobierno el año 2007.

 

Los documentos entregados por la <United States District Court Eastern District of New York> destacan que “la multinacional de Brasil “ODEBRECHT” realizó negocios en múltiples industrias: ingeniería, construcciones, infraestructura, energía, química, etc., en Brasil y otros 27 países incluidos los Estados Unidos”; y que en 11 de esos países logró introducir sobornos que ahora merced a la llamada “Ley del Arrepentido” por la cual Alfredo Odebrecht y otros funcionarios de esta multinacional brasilera presos por entrega de sobornos y para rebajar sus penas están delatando a los funcionarios de cada uno de esos 11 países a quienes entregaron millonarias coimas para lograr que la ODEBRECHT opere sin ninguna traba jurídica, o sea, violando la ley de contratación pública y con altos sobreprecios para la construcción de obras.

 

Entre estas denuncias está la entrega de una suculenta coima de 33.5 millones de dólares “entregados a un funcionario del gobierno” -de Correa- para que interceda en favor de contrataciones con la multinacional brasilera en Ecuador el año 2007: Esto lo desmiente Correa alegando que ese año las operaciones de la ODEBRECHT en el país estaban congeladas; pero el sentido común ratifica que la entrega de dicha millonaria coima se explicaría precisamente por el interés de la ODEBRECHT en romper con la interdicción para operar en el Ecuador que el gobierno de Correa justificadamente le había impuesto; y que la aceptación de la coima de 33.5 millones de dólares por el “funcionario del gobierno” –de Correa- implicaría un acuerdo para el retorno de la multinacional brasilera al país como efectivamente ocurrió.

 

 

Correa dice que “expulsó a la ODEBRECHT y que cuando la multinacional brasilera volvió ésta se sometió a las condiciones del gobierno”. Esto es falso, primero, porque el año 2007 en que con razón la ODEBRECHT fue expulsada del país, en Brasil aún no se había destapado el escándalo de corrupción que esta multinacional en complicidad con PETROBRAS llevó a cabo con funcionarios del gobierno de Lula y de otros partidos de derecha conocido como “LAVA JATO” que concluyó con la prisión por 19 años del alto funcionario de dicha multinacional, Alfredo Odebrecht, y de otros funcionarios introductores de coimas también condenados a prisión como ha puesto al descubierto la mencionada Corte de Justicia de Estados Unidos. Y que, por tanto, el poder y el “prestigio” de Lula Da Silva, ese momento, estaba en la cúspide, desde la cual ejerció presión sobre Correa y su gobierno para exigir el retorno de la ODEBRECHT al Ecuador.

 

El descubrimiento de esta cadena de sobornos que enrostra al gobierno de Correa responde a la aplicación, reiteramos, de la llamada “Ley del Arrepentido” por la cual los tramitadores de dicha “Comisión de Sobornos de la ODEBRECHT” delatan, hacia arriba, a los altos funcionarios de los gobiernos a quienes les entregaron dichas millonarias sumas para abrirle paso a las actividades empresariales de la multinacional brasilera ODEBRECHT sin obstáculos jurídicos, o sea, violando las leyes de contratación pública en cada país para lograr la adjudicación de contratos con evidentes sobreprecios que en el Ecuador logra una ganancia de más de mil millones de dólares para la citada ODEBRECHT como destaca el Informe de la citada Corte de Justicia.

 

El año 2007-2008 luego de la expulsión de la ODEBRECHT del Ecuador y antes de destaparse la corrupción en Brasil del gobierno de Lula; luego de las justas sanciones que el gobierno de Correa le impuso a la ODEBRECHT debido a la paralización de la hidroeléctrica “San Francisco”: El gobierno del PT en Brasil amenazó con la ruptura de todos los acuerdos entre su gobierno y el de Ecuador; política adoptada directamente por Lula Da Silva quien así actuó como agente de la ODEBRECHT lo que condujo a que el gobierno de Correa contrariando su justa posición inicial, adoptara una incorrecta actitud de sometimiento a las exigencias del gobierno de Lula que determinó que se le  levantaran las glosas de 77.7 millones de dólares que se le habían imputado a la ODEBRECHT e inclusive el juicio internacional, complementado por la restauración de las operaciones de la ODEBRECHT en Ecuador, período durante el cual y obviamente para, a través del millonario soborno puesto al descubierto por la Corte de Justicia de los EE.UU., volver a implantar las operaciones de la citada multinacional brasilera en nuestro país, hecho denunciado profusamente por diversos medios de comunicación1; en tanto Correa y su Secretario Jurídico pretenden que los contratos con la ODEBRECHT en el Ecuador, luego de aquella confrontación jurídica,  han sido “transparentes”.

 

En la reafirmación de aquellas denuncias y bajo la óptica democrática de la Revista “Rupturas”; ya durante el destape de la corrupción en Brasil, remachando la denuncia realizada oportunamente por el periódico “OPCION”; apoyándonos en documentos de la prensa nacional e internacional, cuyas fuentes destacamos, pusimos al descubierto la tergiversación que el gobierno de Correa hace de las operaciones de la ODEBRECHT en Ecuador, luego de su expulsión, debido a la presión ejercida por el gobierno de Lula Da Silva.2

 

Lo que ha provocado estupefacción política es la declaración del Presidente de la República respecto de la incidencia relativa de las coimas en el funcionamiento del Estado: declaración política amoral que desfigura actos de corrupción como el del FIFAGATE, el propio caso de la “Repotenciación de la Refinería” y por supuesto los contratos con la ODEBRECHT denunciados como violatorios de la Ley de Contratación Pública y cargados de sobreprecios. Con esta declaración, amoral e inmoral, se pretende minimizar la corrupción; se convierte a los sobornos en “algo natural”: Taimada corrupción conocida en el argot popular como “el porcentaje de ley”, hartamente denunciado en nuestro país como una forma falsamente “legal” de corrupción pues desfigura el hecho de que las coimas son sustento del delito del lavado de activos lo que demuestra hasta qué punto se encuentran acorralados por el destape de la corrupción de su gobierno, Correa y su cohorte de propagandistas. Con esta declaración se pretende “institucionalizar la coima” como decía un equilibrado jurista durante el Programa de Tele Amazonas “La Hora 25” del 1 de Enero del 2017; esta declaración deja, además, por los suelos la llamada “Consulta Ética” presentada por Correa: Se convierte en una apología de los sobornos ejecutados por Altos Funcionarios de su gobierno: Un “Perfume de Chanel” que pretende dislocar la hediondez de las coimas descubiertas que impregnan al gobierno de Correa: La Ética correista de la corrupción que pretende reinstaurarse a través del binomio Moreno-Glas en Febrero del 2017.

 

1 - <En junio del 2007 el Presidente Correa enciende la turbina para la generación que debía impulsar la Central Hidroeléctrica San Francisco. Siete meses luego del arranque, la Central San Francisco suspende sus operaciones debido a “severas fallas en las obras civiles y electromecánicas”> Correa declara: “No aceptaremos que ninguna de estas empresas internacionales vengan a burlarse del país”. Ocho meses después el gobierno de Correa acusa a ODEBRECHT de “estafa” amparado en el art. 35 de la Ley de Contratación Pública e inicia acciones legales para rescindir los Contratos de Cuatro Obras que le habían sido adjudicadas a ODEBRECHT. Reclama indemnizaciones de US 200.000 mil dólares por cada día que la Central Hidroeléctrica de San Francisco dejó de funcionar que totalizaron: 20 millones de dólares. En Octubre del 2007 dicta el decreto 1348 declarando en emergencia al sector eléctrico. Expulsa a Odebrecht por “no haber cumplido con sus labores y haberse negado a indemnizar por los perjuicios”: Retira visas a Ejecutivos y funcionarios de Odebrecht. Contraloría establece glosas contra Odebrecht por 77.7 millones de dólares. “Los contratos son horrorosos” dice Correa por enlace radial: “El contrato Toachi-Pilatón de ODEBRECHT con la Prefectura de Pichincha “tiene los mismos horrores que el Contrato con la Hidroeléctrica de San Francisco”. Correa Lleva a juicio ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de Paris demandando el “Desconocimiento del Crédito concedido a ODEBRECHT por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil por 286,8 millones de dólares, para la construcción del proyecto “Toachi Pilatón”.

Ante estas decisiones, justas, del gobierno de Correa, el gobierno de Lula da Silva, de Brasil, le expone tajantemente a Correa, que, de no zanjar las diferencias con la ODEBRECHT dejando de lado las sanciones legales y financieras y el juicio a escala internacional se verá abocado a tomar las siguientes medidas: “Congelar todos los proyectos de cooperación bilateral de Brasil con Ecuador”. Demostrando su decisión llama a consulta a su embajador Antonino Marques.

En Julio del 2010 el gobierno de Correa anula las sanciones legales y financieras sobre ODEBRECHT: “El gobierno de Correa y Odebrecht arriban a un convenio de “reparación técnica” y compensación económica de 20 millones de dólares –que no se conoce si se cumplió- al gobierno de Correa; al mismo tiempo ODEBRECHT impone otras condiciones al gobierno de Correa que son aceptadas por éste: Todos los juicios que estaban en curso en la justicia tanto por daños como por presunciones penales el Estado se compromete a eliminarlos cuando ninguna Ley lo permite.

 

2 - En setiembre del 2010 la Contraloría “desvanece” las ocho glosas por 77.7 millones de dólares. En Octubre 2011: ODEBRECHT retorna a la lista de Empresas elegibles de contratación y de inmediato se reinician sus operaciones en nuestro país con la Construcción de la Central Hidroeléctrica de Pisayambo.- Se le adjudica un contrato por 18 millones de dólares para la reparación de un túnel de la central hidroeléctrica Pucará –en Pisayambo- en el que “no hubo licitación pública abierta”. El presidente de la Cámara de la Construcción de Quito, Hermel Flores, consideró “elevado” el costo de la excavación del túnel de 250 metros “paralelo al túnel  de descarga y de un desvío de 710 metros para conducir las aguas del embalse puesto que las obras civiles del proyecto Ocaña costaron 30,9 millones de dólares para la apertura de un túnel de 6 kilómetros y 3 metros de diámetro. En este contrato hubo sobreprecio de parte de ODEBRECHT.

• Contrato para la construcción del Primer Tramo de la Ruta VIVA.- Posteriormente la “Asociación Ruta Viva” conformada por las empresas Hidrovo Estrada y Norberto Odebrecht fue seleccionada para construir el Primer Tramo de la Ruta VIVA (vía de integración de los valles y de conexión con el nuevo aeropuerto de Quito) a un costo de 47’919.265,87 dólares.

Natacha Rojas, ese momento Presidenta de la Federación de Barrios de Quito, hoy candidata a asambleísta por la Unidad Popular denuncia que dicha adjudicación de contrato dejó de lado a otras nueve compañías ofertantes y se le concedió a ODEBRECHT cuyo monto era mayor.

• Contrato para el relleno del área destinada a la construcción de la Refinería del Pacífico.- El martes 24 de julio de 2012: ODEBRECHT se adicionó el contrato de preparación del área (rellenos), en 28 meses, desde la firma del contrato para la construcción de la Refinería del Pacífico, a un costo de 229,9 millones de dólares. La “Comisión Nacional Anticorrupción” denunció sobreprecio y por ello está enjuiciada. En este concurso se presentaron catorce firmas: Solo cinco fueron calificadas; la ODEBRECHT fue la cuarta oferta: Una de las empresas: La Hyundai/OAS/MAMUT presentó una oferta de cincuenta millones de dólares menos.

• Proyecto Hidroeléctrico Mandariacu.- Odebrecht ofertó 124 millones de dólares para entregar en 32 meses la construcción del proyecto hidroeléctrico Manduriacu, en la cuenca del río Guayllabamba (Provincia de Pichincha) para generar 62 megavatios. Posteriormente se hizo un “reajuste” en el costo de la obra y ésta aumento a 227 millones de dólares: 103 millones de dólares más. La “Comisión Nacional Anticorrupción” denunció sobreprecio en esta obra. La Fiscalía General la encarpetó a través de un juez que se sometió a su juicio pese a que otro juez reconoció la validez de la denuncia. La Comisión Nacional Anticorrupción también fue enjuiciada con demanda millonaria de indemnización.

• Poliducto Pascuales-Cuenca.- El gerente de Transporte y Almacenamiento de Petroecuador, Ramiro Jaramillo, adjudicó la construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca a la empresa brasileña Odebrecht. La obra costará USD 369,9 millones, sin incluir IVA, y deberá ejecutarse en 700 días (un año y 11 meses), contados a partir de la entrega del anticipo: 30% del valor total. La oferta de Odebrecht superó en USD 94 millones al presupuesto referencial determinado por Petroecuador. Para obtener el contrato del poliducto Pascuales-Cuenca participaron otros tres consorcios que fueron descalificados. La Lista es más larga. Aquí enumeramos las más destacadas.