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Por: Gustavo Reyes*

Fotografía: Archivo

Medidas insuficientes del Gobierno de Lenin Moreno  para combatir la crisis

 

El hiper-endeudamiento público que se heredó del pasado gobierno de Rafael Correa, cuya cifra de $58.438 millones sería develada por el actual mandatario en cadena nacional de radio y televisión  (Moreno 27 de julio de 2017), es solo uno de los síntomas que reflejan el acentuamiento de la crisis económica, la cual se muestra hacia la ciudadanía con la precarización del empleo, es decir, aquellas personas que poseen trabajos autónomos en la calle, comerciantes minoristas, jornaleros y campesinos cuyos ingresos son inferiores al salario básico de $375, y cuya cifra según el reporte del  (INEC sep. 2017) se ubica en el 55.3% de la población económicamente activa (PEA), sin mencionar los más de 330 mil desempleados que no pueden conseguir una fuente de sustento para cubrir sus necesidades.

 

Otra cifra que alarma, presentada por el instituto de las estadísticas nacionales a junio de 2017, es la que se refiere a la pobreza por ingresos, en la que nos señala que de los más de 16,7 millones de ecuatorianos/as que conformarían nuestro país, alrededor del 31,5%, es decir, una cifra cercana a los 5,3 millones estarían viviendo con menos de $2,85 diarios; y de ellos, alrededor de un millón y medio estarían sobreviviendo con menos de $1.60 diarios (pobreza extrema).  Cifras suficientes para evidenciar la grave crisis que la siente el pueblo y que al heredar un país con una deuda pública que bordea el 60% en relación al producto interno bruto (PIB), es poco menos que insostenible el establecimiento de políticas públicas para solucionar otras de las problemáticas que se derivan de la pobreza como la desnutrición, que según las últimas cifras oficiales  (ENSANUT 2012), señalan que uno de cada cuatro niños menores a cinco años sufre  desnutrición crónica; o el trabajo infantil entre niños de cinco a diecisiete años que se ubica en el 8,56%  (ENTI nov. 2012), o el promedio de años de escolaridad de nuestra población, que a diciembre de 2016  (ENEMDUR dic. 2016) se ubicó en 11,17; es decir, un poco más que haber terminado la educación general básica.

 

 

Es necesario ubicarse en este escenario para establecer si es posible el cumplimiento de las promesas de campaña para los sectores sociales como el Plan Toda una Vida, con el cual se busca asegurar al menos 250.000 plazas de trabajo pleno por año, o las 325.000 nuevas viviendas en los próximos cuatro años, el levantamiento de 40 nuevas universidades y el desarrollo de políticas sociales hacia el sector de los adultos mayores, metas que demás está decirlo, dependerán de un modelo de desarrollo económico, cuyos planes, programas y proyectos se encuentren verdaderamente estructurados y generen las bases para conseguirlas, más allá del liderazgo y coordinación que se pueda ejercer con otros niveles de gobierno y el sector privado, cuyo discurso de ayuda social se levanta solo sobre la base de dejar intactas sus ganancias y beneficios.

 

Menuda tarea la que le toca cumplir al actual régimen en un escenario en el que además se busca dialogar y de cierta forma complacer a todos los sectores, en este marco me permito presentar a continuación, un detalle y análisis sobre los alcances de las primeras medidas económicas de la actual administración, para ello las he dividido en siete puntos (Moreno 11 de octubre 2017):

 

1. Recuperación del Impuesto a la Renta (IR) para sociedades al 25%.- Una de las medidas económicas que adoptó el anterior régimen, como política de incentivos para generar más empleo fue la rebaja del IR a partir de la expedición del Código de la Producción en al año 2010, cuya normativa dispuso la disminución de un punto porcentual por año hasta reducir del 25% al 22% este tributo, hecho que en poco o nada contribuyó a mejorar las cifras de empleo o recuperación económica como se ha evidenciado; siendo que además, los ingresos de los 215 principales grupos de poder económicos corresponden a $57.993 millones, una cifra similar a toda la deuda pública, pero de estos ingresos, su contribución al IR es apenas del 2.29%  (SRI 2017).

 

En otras palabras, o son “pésimos negocios” que generan muy poca renta, hecho que se cae por su propio peso si comparamos su crecimiento no solo en cantidad de grupos (de 17 a 215 durante la década 2007-2017), sino también en su ingreso bruto al aumentar más de $20.000 millones en apenas seis años (2011-2017), lo que conduce a manejar otras hipótesis como la existencia de dobles contabilidades o que parte de sus gastos sean pagados a empresas inactivas vinculadas a los mismos grupos, sea cual fuere la verdad, estos grandes consorcios que han puesto el grito en el cielo por este anuncio, tienen un deber moral para con el país, de colaborar con esta recuperación de 3 puntos al IR ya que han sido uno de los principales beneficiarios de la bonanza económica petrolera que no supiera aprovechar la revolución ciudadana y que hoy en día nos tiene inmersos en una aguda crisis.  Asimismo, Moreno ha anunciado la gravación del IR a los décimo terceros sueldos de las personas naturales que ganan por sobre los $3.000 mensuales, medidas que se consideran correctas.

 

2. Eliminación parcial del anticipo del IR y exoneración a microempresarios.- El Art. 300 de la Constitución, establece: “la política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo”; en este sentido, también se considera acertada la medida de diferenciar el tratamiento en lo correspondiente al pago del anticipo al IR, que en honor a la verdad resta liquidez al capital de trabajo inicial de los pequeños negocios, por ello es que no se puede dar el mismo tratamiento a los grandes empresarios que, como hemos visto no tendrían problemas de liquidez y es necesario encontrar un mecanismo de asegurar un pago, quizá no real, pero cuanto menos algo justo en lo que respecta al tributo sobre sus utilidades; así, la medida de eliminar este anticipo al IR para los negocios cuyas ventas no sobrepasen los $300.000 y que constituyen el 82% del total de contribuyentes, es plausible.  Asimismo, se promueve el desarrollo de los micro emprendimientos al exonerar con el pago del IR por sus primeros $11.000 de utilidad, beneficiando a más de 36.000 microempresarios; el sector de las MIPYMEs genera alrededor del 75% de empleo productivo, según lo afirmara Cristian Cisneros, uno de sus principales voceros (El Telégrafo 2015); por tanto, es a este sector que deben estar dirigidas las principales políticas de reactivación.

 

3. Incentivos tributarios para la repatriación de capitales.- En su discurso de apertura hacia todos los sectores, el gobierno ha anunciado una indiscriminada exoneración del pago del IR por el lapso de cinco años a todos los emprendimientos cuyos capitales provengan del extranjero en los próximos 12 meses de ejecutada esta medida, incentivo extremadamente beneficioso para aquellos grupos que sacaron sus dineros en la época de bonanza, si además consideramos que el draw back   se extendería hacia el impuesto a la salida de divisas (ISD) para el caso de las actividades destinadas a la exportación, así como el hecho de que este impuesto no aplica tanto para el pago de créditos que provienen de fuera del país, cuanto para las utilidades enviadas al exterior.

 

Ciertamente, la pregunta que nos hacemos muchos ecuatorianos/as es: ¿acaso esto no se convertirá en un premio para quienes de forma oscura (corrupción) sacaron sus dineros fuera del país y ahora esperan retornarlos en negocios liberados de cargas tributarias?  Incluso para quienes aún tienen sus dineros en el país les resultaría atractivo sacarlos por vías formales o informales, e ingresarlos nuevamente para hacerse de este beneficio.  En todo caso, más allá de la suspicacia, se subraya el hecho de que para la gran empresa también hay importantes contemplaciones en estas medidas.

 

4. Eliminación del impuesto a las tierras rurales.- De conformidad con el último censo agropecuario, existen más de 12,35 millones de Has. cultivables, de las cuales hay una concentración de alrededor de 3,6 millones de Has. en apenas 6.616 unidades de producción agropecuaria  (INEC 2000), esto significa que hay grandes terratenientes con haciendas de más de 200 Has., a quienes aparentemente sería justo levantarles una carga impositiva; se recuerda que actualmente la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria dispone un cobro a los dueños de terrenos que sobrepasen las 25 Has. en las regiones sierra y costa, y los que sobrepasen las 50 Has. en la amazonía; pero, si revisamos la recaudación por este tributo, es de apenas $7,8 millones  (SRI 2017); por lo que es absurdo, técnicamente hablando, mantener un tributo que más bien ha significado una piedra en el zapato para los productores agropecuarios, incluso para quienes poseen una alta concentración de este recurso, considerándose en consecuencia, acertada la eliminación de este tributo.

 

 

5. Generación de una tasa aduanera a cada producto importado y reestructuración de la política arancelaria.- El contrabando y la subvaloración de las mercaderías que ingresan al país sin duda constituye una de las graves problemáticas fiscales, por las que el país pierde alrededor de $2.000 millones y más de 200.000 plazas de trabajo según el gobierno, pero ante el develamiento de esta problemática, su solución no debería ir en el orden de imponer una tasa de 10 ctvs. al ingreso de todo producto al territorio nacional, puesto que al no ser claro si se cobrará lo mismo por cada esfero, tornillo, kilo de alimento, etc. que ingrese al país, hasta cada pantalón, cocina o vehículo; esto traería consigo un pequeño, pero sentido impacto en las economías familiares, sobre todo las de los más pobres; por tanto, es necesaria una mayor aclaración. En todo caso, la problemática estructural de las aduanas no se resuelve con cargas impositivas por pequeñas que sean, sino con la aplicación de mano dura con la expedición de reformas y estrategias en el ámbito penal.

 

Por otro lado, la reestructuración arancelaria a las importaciones en más de 300 ítems; en lo que tiene que ver con aquellos bienes que ya se manufacturan en el país es totalmente correcta y soberana para proteger, no solo la dolarización, sino la industria local, se quiere desmitificar con esto las alharacas de los sectores importadores que solo buscan sus beneficios, aunque no es menos cierto que estas barreras deberían eliminarse cuando están destinadas a materias primas, maquinarias (bienes de capital) y productos terminados que no se elaboran en el país.

 

6. Eliminación de vacantes en el sector público y reforma laboral.- Son cerca de $500 millones que se propone ahorrar el régimen con la aplicación de sus medidas de austeridad, para ello se propone eliminar alrededor de 15.000 vacantes en el sector público, pero muy poco se dice de la eliminación de instituciones como la Secretaría de Inteligencia, la CORDICOM, la SUPERCOM, entre otros organismos que, solo han servido para perseguir a los opositores políticos y con lo cual se podría ahorrar no menos de $68,6 millones (AN 2017). Reducir gastos corrientes, como cocteles, viajes, autos y mantenimientos de edificios improductivos, es otra medida a aplicar de manera urgente; si bien, rebajar el 10% de los salarios del jerárquico superior, es una medida plausible y acertada que ya se ha tomado, pero no solo hay que quedar ahí, si se pondría un techo salarial de $3.000 a los funcionarios del jerárquico superior, el ahorro llegaría a no menos de $623 millones.

 

Lo que si no se debe permitir, es que la crisis sea descargada en las espaldas de quienes siempre han pagado los platos rotos de esta “mesa servida”, es decir,  los trabajadores; por lo que es necesario estar vigilantes de la anunciada Reforma Laboral, que implica una nueva estructuración del Código de Trabajo con nuevas modalidades de contratación, como el trabajo a plazo fijo o por horas, en las que se debe respetar todos los derechos adquiridos como la seguridad social, utilidades, mayor valorización de la hora de trabajo en jornadas nocturnas y fines de semana, incluso el derecho a utilidades, con la búsqueda de alternativas técnicas para su cumplimiento.

 

7. Implementación de medidas ya anunciadas como el dinero electrónico y la derogatoria de la Ley de Plusvalía.- Una de las mayores ventajas de la dolarización ha sido la estabilidad que brinda a los precios en el mercado en general, de la cual también se benefician de cierta forma las y los trabajadores, a quienes no se les ha podido desvalorizar sus salarios más allá del congelamiento; pero el no contar con una política monetaria soberana, también acarrea ciertas limitaciones a cualquier régimen que pretenda aplicar políticas redistributivas, como el hecho de brindar créditos al sector de la economía popular y solidaria y consolidarlo mediante estrategias de integración; para ello, una medida plausible sería el desarrollo de un sistema de intercambio alternativo como el dinero electrónico, lo preocupante es que esta herramienta sea entregada a la banca, que solo desde su discurso deja serias dudas, pues mientras se anunciaba que la misma iba a estar administrada por el Estado era una -pésima idea-; ahora que estará en sus manos, sería “una de las mejores”.  Lo que preocupa no es solamente el spread gratuito del que gozarían sino que en la práctica se produzca una emisión de dinero inorgánico (sin respaldo) que ponga en riesgo la dolarización.

 

En cuanto a la derogatoria de la Ley de Plusvalía se considera correcta, puesto que si su intención era la de acabar con la especulación, que ciertamente se da en el mercado inmobiliario, el remedio resultó peor que la enfermedad, ya que lo único que ha ocasionado es el estancamiento del sector de la construcción que genera empleo y comercio interno. Ahora bien, una estrategia complementaria, es la de establecer políticas públicas para que sea obligatorio para los GADs priorizar sus inversiones hacia los sectores con mayores necesidades básicas insatisfechas.

 

Como se ha analizado las medidas económicas con las que se bautiza el gobierno de Lenin Moreno no constituyen ni de lejos un plan a largo plazo o estructural, son solo soluciones parche que aún no avizoran el carácter del régimen, pues entre la crisis política y el desafío de la consulta popular se ve imposibilitado de establecer un programa más claro en el área económica que nos permita determinar a qué sector se inclina, si a los empresarios que están ávidos de la eliminación de impuestos que dejarían en soletas a un Estado que tiene que hacerse cargo de un gran endeudamiento, o con los sectores sociales y productivos que reclaman señales más claras para solventar sus más elementales necesidades.  Nada se dice por ejemplo de cómo se enfrentará la reestructuración de los créditos, necesario para alivianar el manejo de la economía, por el contrario en la presente semana se volvió a sacar al mercado un nuevo paquete de bonos de deuda por el orden de los $2.500 millones, a una tasa ciertamente más conveniente del 8,9%, pero se volvió a recurrir a la vieja práctica de comprometer nuestro oro para una operación crediticia por $500 millones adicionales, estas medidas han sido tomadas para combatir el déficit presupuestario que bordea los $4.700 millones y que hasta el año 2.020 se espera ser reducido a menos de mil millones, según Finanzas.

 

Desde los sectores populares no solo se aspira, sino que propone el establecimiento de medidas alternativas que se detallarán en una nueva entrega, las cuales tienen que ver con un gran acuerdo nacional para la producción, empleo, ingresos y riqueza, la crisis no debe ser asumida por los trabajadores y pueblos, no solo porque no son sus principales responsables ni beneficiarios, sino porque son el sector más afectado; se reconoce que las actuales medidas no constituyen un paquetazo al bolsillo de los más pobres como hubiese sido el hecho de eliminar los subsidios o incrementar los impuestos al consumo, pero es necesario ir más allá, iniciar una correcta administración del dinero electrónico en manos del Estado con una veeduría ciudadanía, ya que es necesario utilizar esta herramienta para la generación de créditos y la cohesión de los sectores de la economía popular y solidaria, se considera que es fundamental que el Estado se haga cargo del comercio internacional para evitar la especulación de la que son víctima los productores locales y eliminar las malas prácticas en la importación que generan millonarias pérdidas al Estado, es necesario recuperar la administración ética de las empresas públicas como ENFARMA y una de comercio interno para evitar la maliciosa intermediación que separa a los productores campesinos de los trabajadores del sector urbano; la propuesta de diversificar los contratos de trabajo no debe afectar los derechos adquiridos, sino más bien recuperando otros como la sindicalización, así como la entrega de la administración del IESS a sus legítimos dueños, sus afiliados y jubilados.

 

 

Referencias.-

 

AN. «Presupuesto General del Estado 2017 aprobado por la Asamblea Nacional.» Quito, 2017.

El Telégrafo. «Pymes generan 2 millones de plazas de trabajo.» 12 de diciembre de 2015.

ENEMDUR. «Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Urbano y Rural del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.» Quito, dic. 2016.

ENSANUT. «Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.» Quito, 2012.

ENTI. «Encuesta Nacional de Trabajo Infantil del Instituto Nacional de Estadisticas y Censos.» Quito, nov. 2012.

INEC . «Censo Nacional Agropecuario.» Quito, 2000.

INEC. «Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Urbano y Rural del Instituto Nacional de Estadisticas y Censos.» Quito, sep. 2017.

Moreno, Garcés Lenin. «Cadena nacional de Radio y Televisión.» 11 de octubre 2017.

—. «Cadena Nacional de Radio y Televisión.» Quito, 27 de julio de 2017.

SRI. «Conformación de los Grupos Económicos y su Comportamiento Tributario.» Quito, 2017.

SRI. «Estadísticas tributarias.» Quito, 2017.

 

 

* Analista de temas económicos, ex asesor de la Asamblea de la Bancada Plurinacional de las Izquierdas.

 

 

 

 

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