La educación superior, una víctima más de la corrupción y despilfarro correísta

 

25 universidades con presupuesto recortado para finalizar el 2017

 

 

El gobierno de Rafael Correa es el de mayor duración en toda la historia republicana en el Ecuador y también uno de los regímenes que más recursos económicos manejó. Según cifras del Observatorio de la Política Fiscal, durante los nueve años de correismo, 2007 a 2015, el Fisco ecuatoriano tuvo ingresos por $ 231.669’000.000. Varios economistas y expertos señalan que también es el régimen que más ha dejado endeudado al país. A diciembre de 2009 la deuda externa estuvo en 7 392 millones 530 mil dólares -sin considerar la deuda interna-, luego llegó a 26 896 millones 607 mil dólares en mayo de 2017, multiplicándose por 3.63 en el mismo mandato del expresidente Rafael Correa, algo grave pues coincide con años de bonanza petrolera en los que no hacía falta endeudarse.

 

La actual realidad política y económica  permite expresar, sin miedo a equivocarse, que es también el gobierno más corrupto en la historia del Ecuador. La mayoría de los actos de corrupción tienen como sector principal lo relacionado a venta de petróleo, construcción de mega obras, hidroeléctricas, etc. Todo esto llevó a que se produzcan coimas, estafas que según denuncias de distintos sectores ascendieron a 60.000 millones de dólares. La Comisión Nacional Anticorrupción estima que en el régimen correista se llevaron 10 millones de dólares diarios.

 

El presente artículo no tiene como fin realizar un análisis económico de los 10 años del gobierno de Correa, pero sí presentar algunas reflexiones y propuestas sobre una situación que debe preocupar a todos y es el constante recorte presupuestario a la educación, en este caso del nivel superior que para finalizar el 2017 toma fuerza, entre algunas cosas por el despilfarro y corrupción fomentados por el correismo.

 

¿Inversión, despilfarro, control y elitización de la educación superior?

 

Todo lo que se hacía en educación se le denominaba “revolución educativa” tanto desde el discurso oficial y la propaganda correista. Pero lo que realmente vivimos en estos 10 años fueron tibias mejoras en un mar de necesidades encubiertas por el aguacero de la publicidad.

 

Iniciaremos señalando algunos datos que expresan a donde se dirigió la inversión en los últimos años del correísmo y cuál fue su fin. En el presupuesto total ejecutado en educación superior 2011 2012 – 2013, existe un aumento relativo de la inversión en educación superior que se dirigió principalmente a los órganos rectores del sistema y a las nuevas universidades.

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 2013, en Tania Zabala 2017. Análisis de la reforma a la educación superior ecuatoriana en el período 2008-2013, una lectura desde los instrumentos de política pública. En Cabrera et al., eds.

 

Tomamos como referencia al 2011, 2012, y 2013 con el fin de poder realizar un análisis y aproximación más cercana de los acontecimientos que vivió nuestro país. Por ejemplo, el 2012 fue uno de los años donde más se invirtió en propaganda y publicidad.

 

La proforma presupuestaria del 2012 fue criticada por varios sectores de la sociedad ecuatoriana por el excesivo financiamiento para la utilización de la propaganda y la publicidad gubernamental, se destinaron $ 295 millones ese monto  fue mucho mayor que en años anteriores.  Los enlaces ciudadanos y la propaganda fue considerada por Alianza PAIS, un símbolo de comunicación entre Correa y la ciudanía, pero para los sectores sociales es un símbolo de cómo se derrocho el dinero de las y los ecuatorianos. El correismo utilizó la publicidad y otros medios como una herramienta para influir en la conciencia de los ecuatorianos, mediante el linchamiento mediático, se trabajó por aislar a los “enemigos” del régimen, se reprimió y se delineó toda una ofensiva para  ganar adhesión, mediante la violencia y el miedo.

 

Si recogemos todos los montos del 2012, de seguro vamos a encontrar que lo invertido en publicidad y propaganda sobrepasó lo presupuestado. Mientras el presupuesto para educación superior tuvo un leve incremento de $ 779.851.765,95 en el 2011 a $ 797.065.704,99 en el 2012.

 

Por otra parte el incremento de presupuesto en el 2012 a los organismos de control, no fue casual, desde ese año en adelante se comenzó a determinar la intervención de universidades establecida en la Ley Orgánica de Educación Superior, que fue aprobada en el 2010 mediante maniobras legislativas, la ejecución de esta política requería contar con instituciones de gobierno relativamente fuertes, capaces de hacer lo encomendado,  controlar o domesticar a la Universidad. El CES y CEAACES pasaron de tener un presupuesto de 623.377,49 dólares en el 2011 a un presupuesto de 7.501.691,88 dólares en el 2012 y 13.092.062,11 dólares para el 2013.

 

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La intervención de las universidades no mejoró la calidad educativa, algunas están cuestionadas por denuncias de corrupción, donde están involucrada la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional (CIFI) o rectores encargados, como el caso de la Universidad de Guayaquil; mientras en otras existen serios cuestionamientos a los procesos electorales de autoridades, varios interventores pasaron de ser presidentes de la CIFI a rectores. En el caso de las universidades que siguen intervenidas, Universidad Técnica de Cotopaxi y Universidad Nacional de Loja, la realidad es que en la primera ha demostrado su capacidad académica, mientras que en la otra existen serias disputas por el control de la Universidad entre el CES y las autoridades de la Alma Mater, lo que ha afectado a la estabilidad y calidad académica.

 

El Correismo jamás consideró el problema de la educación en su verdadera dimensión, la visión tecnocrática que guio la política educativa pensó que controlando o formando “élites” se solucionarían las dificultades; apostó por un grupo de universidades que bautizó como emblemáticas (Yachay, UNAE, IKIAM, y de las Artes), mientras al resto de universidades las llamó mediocres para justificar así su intervención, a otras recortó su presupuesto y en algunos casos chantajeo o impuso autoridades.

 

El despilfarro y la improvisación fue el camino para dar paso a la formación de nuevas élites en la educación superior. Bajo el argumento: ¡Hacia una economía social del conocimiento! 1.164 millones de dólares se destinaron como presupuesto inicial para el período 2013-2017 para las nuevas universidades. Yachay Tech (439 millones), UNAE (Universidad Nacional de Educación, 439 millones), Universidad de las Artes (232 millones), e IKIAM (Universidad Regional Amazónica, 271 millones).

 

 

Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y desarrollo (2015). 8 años Revolución  Ciudadana, página 38.

 

 

Cuatro universidades, que juntas en ese momento llegaban a tener 1.238  estudiantes, recibieron un trato privilegiado política y económicamente; mientras que 28 universidades y escuelas politécnicas públicas que acogían a más de 250 mil estudiantes percibieron niveles de ingreso en términos relativos.

 

La elitización de la educación superior se extiende también mediante la política de ingreso a la universidad, que por primera vez se aplicó a partir del 2011, a través del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNAA). Sin reconocer que la educación básica y media tiene serias falencias que perpetúan las desigualdades, se estableció un sistema de ingreso rígido y excluyente que en nada ayudaba a superar las dificultades del bachillerato. Al contrario, obligó a una homogenización de bachilleratos, atropellando la heterogeneidad y capacidad de la juventud.

 

Durante ocho años, el correismo evaluó mediante distintos tipos de exámenes al sistema educativo. Mantener esta política como única guía para buscar la anhelada calidad educativa, es propender a seguir fomentando una educación elitista. Suficiente tenemos ya para aprender que las diferencias que se generan entre las personas con capacidad de pagarse un curso privado para la preparación académica en comparación a personas que, por su situación económica complicada, a duras penas terminan el colegio, tiene sus resultados: 563 mil bachilleres en edad de cursar tercer nivel no están estudiando (ENEMDU- INEC a diciembre de cada año)

 

Según datos del Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social. La tasa bruta de matrícula de las personas entre 18 y 24 años bajó al 30, 4% en el 2016, que venía creciendo entre 2007 a 2011 (35,4% a 42,2%), luego de la introducción del examen de ingreso en 2011, muestra una tendencia decreciente: en 2012 fue de 39,6%, en 2013 de 34,9%, en 2014 de 29,7%, en 2015 de 29,9% y 2016 del 30,4%.

 

El actual régimen tiene un desafío por resolver: ¿Qué es más importante, seguir privilegiando a un grupo de cuatro universidades o democratizar el acceso a la educación superior, con un  presupuesto equitativo, acorde a las necesidades de cada institución?

 

La interrogante señalada no es solo una idea o crítica, tiene su razón de ser. El presente cuadro expresa la comparación de presupuestos entre las instituciones de educación superior en los últimos tres años:

 

 Fuente: Proforma presupuestaria 2015, 2016, 2017 –

Elaborado: Gustavo Reyes.

 

El presente cuadro permite evidenciar cómo el presupuesto asignado para las cuatro universidades ha ido creciendo en los últimos tres años, mientras el de otros centros de educación superior fue inferior, como la Universidad Central o la Universidad de Guayaquil, estas dos Instituciones de educación superior son  las más grandes en número de estudiantes del país.

 

Si comparamos las asignaciones establecidas por el Ministerio de Finanzas en el 2016 con el número de estudiantes de cada universidad, la situación es particular: dividiendo el presupuesto de 2016 para la cantidad de estudiantes, se evidencia que el Gobierno entregó a la Universidad Central el equivalente a USD 4.097 por cada alumno, a la Universidad de Guayaquil USD 2.574 por estudiante, mientras que para los estudiantes de Yachay se entregaron USD 13.705 dólares por estudiante. Un Yachay recibió tres veces más que uno centralino y cinco veces más que un estudiante de la Universidad de Guayaquil.

 

Fuente: Proforma Presupuestaria 2016.

 

Esa fue la tónica del correismo: despilfarrar recursos económicos e improvisar en educación. A pesar de contar con una ingente inversión en el caso de Yachay, sus resultados en investigación y  académicos son escasos. Mientras el resto de universidades han logrado importantes aportes a la sociedad ecuatoriana a pesar de sus presupuestos limitados y en algunos casos recortados

 

Es menester también señalar que la política de privilegio, imposición y mecanismos de evaluación, acreditación de carreras y universidades que satanizaron y etiquetaron a la Academia, a nombre de la calidad educativa, en el fondo sirvieron para restar recursos económicos que hoy ponen en grave riesgo el funcionamiento de la universidad ecuatoriana.

 

Recorte presupuestario 2017 y sus consecuencias

 

La proforma presupuestaria de los cuatro meses que faltan para culminar el 2017, está próxima a aprobarse en la Asamblea Nacional y sin duda alguna es un espejo de la crisis que vive el país. Lo único que sigue claro es que el Ecuador terminará más endeudado que antes y, al igual que en períodos pasados, continuaremos pagando una deuda externa interminable.

 

Fuente PGE 2017. Elaboraciòn Gustavo Reyes.

 

Como podemos observar de la información que se desprende de la Proforma enviada por el Ejecutivo, el valor que se destinará al servicio de la deuda es de $10.724,31 millones, superior a todos los presupuestos destinados para las áreas sociales, los cuales suman $9.076,84 millones en su conjunto, esta realidad fue una característica del correismo en varias proformas presupuestarias.

 

Según información de un taller de trabajo realizado por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, realizado el 23 de agosto del 2017, donde se analizaron los  recursos que se destinarían a cada Institución de Educación Superior, se obtiene el siguiente resultado: de 28 universidades públicas, 25 sufren un recorte presupuestario para cerrar el 2017.

 

 

El recorte de presupuesto a estas 25 universidades para finalizar el 2017, pondría en riesgo la apertura de los cursos de nivelación (propedéuticos) para el mes de octubre, ya que no se tendría para pagar la remuneración a los docentes, según indicaron varios rectores. La preocupación se ahonda aún más ante la cercanía del proceso de acreditación que será en el 2018, en el cual el Consejo de Evaluación y Acreditación visitará cada Institución y revisará cuánto dinero del presupuesto se ha inyectado año tras año en los diferentes proyectos académicos e investigativos. Hasta el momento, varias universidades cuentan con proyectos aprobados, los cuales no se han podido ejecutar por la falta de financiamiento, pero también porque el Fisco adeuda a la mayoría de instituciones los recursos por la devolución del IVA, montos que deben destinarse por ley a investigación. Asimismo, está afectada la implementación y fortalecimiento de laboratorios e infraestructura.

 

A la Universidad Técnica de Cotopaxi, el Estado le debe cerca de un 1,2 millones de dólares por devolución del IVA y por saldos pendientes un millón seiscientos mil dólares, mientras a la universidad Estatal del Carchi se le adeudan 4 millones desde el 2012. Esta situación se repite con varias universidades.

 

¿Qué alternativas existen para enfrentar esta realidad?

 

Si en verdad esta proforma la dejó estableciendo el proceder político y económico del correismo, lo cual es una herencia para el actual régimen, es menester recordar que nos encontrarnos en un año de austeridad, por lo que llama la atención que en la Proforma Presupuestaria para el 2017 aún se sigan manteniendo elevados presupuestos a instituciones que no otorgan un aporte significativo para el desarrollo de la sociedad ecuatoriana, y que bien podrían ser ajustados para ser agregados a otras áreas que necesitan con mayor prioridad estos recursos, como los sectores de: educación, salud, agricultura, entre otros., aquí algunos ejemplos:

 

Fuente. Proforma Presupuestaria 2017, elaboración Karla Calapaqui

 

Pero, por otro lado, disminuyen los presupuestos en áreas sociales.

 

Fuente. Proforma Presupuestaria 2017, elaboración Karla Calapaqui

 

 

Fuente. Proforma Presupuestaria 2017, elaboración Karla Calapaqui.

 

La mesa no está servida en economía y tampoco lo está en educación. Ser consciente de la situación económica del país y entenderla es necesario, pero también es imprescindible desde los sectores sociales señalar los problemas y brindar a la vez lineamientos para afrontar esta gravísima problemática fiscal, traducida en la interrogante: ¿cómo generar nuevos ingresos y reducir gastos sin afectar a sectores sociales? Cambiar las formas de contratación petrolera y concesión del espectro radioeléctrico traerían nuevos y frescos ingresos al Estado, entrar en un proceso de transparencia y cero tolerancia a la corrupción conducirían a una natural reducción de los rubros destinados a inversiones para la formación bruta de capitales (carreteras, escuelas, hospitales, aeropuertos, etc.).

 

Reducir aún más ciertos gastos corrientes como viajes, autos y mantenimientos, se ha convertido en prioridad del actual Presidente, quien ha autorizado la venta de algunos bienes y rebajar 10% de los salarios del nivel jerárquico superior. Una medida plausible que se está ya tomando, pero la realidad del país demanda ir más allá; es necesario la conversión de algunos de los grandes cargos por puestos necesarios, es decir, reducir subsecretarias y asesores que aún están demás, ya que con lo que se gasta en uno solo de esos puestos, podrían pagarse entre hasta a siete maestros o médicos.

 

Auditar la deuda pública, de conformidad a lo que establecen los Arts. 289, 290 y 291 de la Constitución, para determinar los responsables del hiperendeudamiento, es necesario y urgente para así ver  su legalidad y, a partir de aquello, el derecho de repetición y  la renegociación con el objetivo de canjear deuda cara y a corto plazo por deuda más barata y a plazos más largos; y finalmente, reformar algunas leyes de manera inmediata como la Ley Orgánica de Educación Superior, la cual abrió las puertas para el establecimiento de una distribución de recursos inequitativa; obliga a devolver los recursos económicos no utilizados por las universidades a las cuentas del Estado, atentando a lo establecido en el Art. 355 de la Constitución que consagra el principio de la autonomía universitaria y la prohibición al ejecutivo de privar de rentas y de suspender y clausurar Universidades.

 

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El Gobierno de buscar los mecanismos que permitan garantizar de manera inmediata, que se devuelva a las universidades lo que les corresponde por  devolución del IVA. En algunos casos la adeuda va desde el 2012.

 

La Proforma Presupuestaria para finalizar el 2017 es un abrir de ojos para la construcción de la Proforma Presupuestaria del 2018, que deberá ser aprobada hasta el mes de noviembre del año en curso, ahí el actual Gobierno tiene el reto de frenar el despilfarro o privilegios y para eso es necesario un plan de transición para transformar las políticas sociales, tampoco se puede seguir transfiriendo ingentes recursos a instituciones que poco hacen por fortalecer los derechos de la ciudadanía a la educación, a la salud y el bienestar social.

 

* Presidente Nacional FEUE

 

Referencias.

 

“Lineamientos de Políticas Públicas para la Educación Superior (2017 -2022)”

 

Análisis de la Proforma Presupuestaria 2017 – Karla Calapaqui, Gustavo Reyes

 

Secretaria Nacional de Planificación y desarrollo (2015). 8 años Revolución Ciudadana, página 38.

 

http://www.ecuadorenvivo.com/politica/24-politica/35261-correa-defiende-el-gasto-de-22-000-dolares-de-cada-sabatina.html#.WaV9ODWQwdU

 

https://lahora.com.ec/noticia/1101298782/noticia