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Por: Henry Izurieta

Fotografía: Archivo

La dolorida Colombia

 

En las calles colombianas se siente un nuevo ambiente, la gente camina más confiada, se habla más abiertamente de varios temas, especialmente los políticos.  Ya se conversa sobre los candidatos presidenciales, la corrupción, las organizaciones sociales realizan más marchas reclamando sus derechos, la clasificación al mundial de fútbol es un remanso de satisfacción que profundiza los lazos de patriotismo y esperanza, todo en medio de un diálogo de paz que llevó a que el presidente Juan Manuel Santos sea laureado con el premio Nobel de la Paz 2016, cuya firma se dice que ha terminado con 50 años de violencia en Colombia.

 

Sin embargo, y por desgracia, solo basta un pequeño raspón a ese delicado recubrimiento para dejar ver lo que para una enorme mayoría de colombianos es una lacra, la injusticia, cuya solución pretende dejársela de lado a cambio de una especie de ilusión que permitiría “vivir en paz”.

 

Un país de injusticias

 

A simple vista se puede observar y confirmar la lacerante realidad que agobia a todos los países latinoamericanos de ser el continente más inequitativo del planeta, agudizado por el hecho de que, en este continente, Colombia es el segundo más inequitativo.  Con facilidad se puede ver al pie de un lujoso y enorme edificio a personas mendigando un mendrugo de pan o una dosis.

 

Excepto unos pocos, la gran mayoría de pobres ni se enteran ni les importa lo que suceda en su país, siendo que son los más perjudicados. En Bogotá, por ejemplo, en octubre 2017,  se transmitió en vivo, en una de sus principales plazas cerca del Palacio de Gobierno, un debate en el congreso sobre la corrupción. En una ciudad de cerca de ocho millones de habitantes apenas estuvieron en torno a la pantalla gigante un par de centenas de personas, la mayoría de “clase media” y los organizadores. En sus carteles se podía leer: “1.4 billones en corrupción [unos 520 millones de dólares] con los que se podía construir hospitales”, seguramente para atender a los pobres que estaban apenas a unos 100 metros, o un poco más abajo en la calle 13, preocupados por sus ventas ambulantes para obtener sus escasos ingresos, sin duda asqueados, pero también impotentes al ver cómo destrozan a su país en donde hasta el propio presidente de la Corte de Justicia está implicado en las redes de corrupción.

 

Luego de la firma de los acuerdos de La Habana entre las FARC y el gobierno del presidente Santos no se respira aires de cambio social, que fue la razón de fondo de la lucha fariana. Los términos fueron modificados al punto de tener que firmar un nuevo acuerdo, una vez que se  perdió la Consulta de aprobación de lo originalmente acordado.

 

Pobreza por doquier

 

En uno de los más importantes puertos del pacífico, Buenaventura, el 90.1% de sus habitantes tiene solo un empleo informal, la pobreza azota al 64% de su población, en una entrevista un dirigente de la zona se quejaba amargamente que solo pedían una cancha de fútbol. No existían visos que se pongan un par de arcos en algún potrero, ni eso, no se diga enfrentar la lacerante situación de pobreza que sufren. Mientras, a solo 120 kilómetros de allí, en Cali, se expone el contraste, expresado en lujosos edificios, carros de alta gama, centros comerciales enormes a los que tienen acceso solo un reducido sector de la sociedad, los ricos.

 

El Chocó, en la zona del pacífico centro y norte, es una de las zonas más pobres de Colombia. Rio Quito, Boyacá, Darien son algunas de las poblaciones en donde más del 90% de la población no ha logrado satisfacer sus necesidades básicas, datos del Departamento Nacional de Planeación.

 

 

El Colectivo Sindical Guillermo Marín denuncia que las políticas neoliberales se siguen aplicando, ahora con más profundidad.  De cada 100 trabajadores ocupados 47 son informales, pero de cada 100 colombianos en edad de trabajar (integrantes de la PEA) tan solo 59 trabajan.  La PEA en Colombia abarca al 77% de su población. En pocas palabras, menos de un tercio de la población en edad de trabajar tiene un empleo formal, mientras un número de personas cercana al total de la población del Ecuador no trabaja y ya perdió sus esperanzas de hacerlo al punto que no lo busca, son el 35% de la PEA que estadísticamente se oculta sosteniendo que hacen actividades en el hogar o que estudian en un país en el que solo el 2% de los egresados del colegio ingresa a las universidades.

 

La misma agrupación sindical sostiene que, para los 53 trabajadores ocupados formales (de cada 100)  la sociedad colombiana les tiene reservado “el cuarto peor salario mínimo de América Latina y el Caribe con un indicador de $215 dólares”, que no se incrementa al ritmo que lo hacen los precios de los alimentos, arriendos, transporte, vestido, etc.  En ese ambiente solo un millón doscientos mil trabajadores, el 5%, forma parte de alguna organización sindical que los defienda.

 

Sector privado obtiene ventaja de los recursos para los pobres

 

La tendencia de obtener ventajas privadas de los egresos públicos es una constante.  Dos ejemplos.

 

La seguridad social, a la que tienen acceso tan solo aquellos trabajadores formales, es proporcionada por una serie de instituciones denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones y entidades Promotoras de Salud, generalmente de administración privada que reciben el aporte sobre salarios del 12% del empleador y 4% del trabajador. Manejan esos recursos con visión empresarial, es decir entregando el servicio pero con un costo que les deja importantes ganancias a las empresas, lo que redunda en menos dinero para atender los requerimientos de los afiliados. “El Estado acondiciona la seguridad social a las necesidades-intereses del capital nunca a las del trabajador o su población”, han dicho los integrantes del Colectivo Sindical “Guillermo Marín”.  Aparte de las constantes denuncias de corrupción, típica situación de la sociedad capitalista.

 

Otro ejemplo es el programa “ser pilo paga” que es un subsidio que el Estado colombiano entrega a los “pilas”, a los estudiantes inteligentes en el nivel de bachillerato, para cubrir sus estudios universitarios.  El gobierno destinó recursos para subsidiar a aproximadamente 40 mil estudiantes colombianos en el 2017, un número irrisorio de estudiantes si se considera que cada año egresan del bachillerato 550 mil estudiantes, ¿Será que 510 mil jóvenes colombianos son “no pilas” y pierden el derecho a continuar sus estudios?. Los dineros que se manejan finalmente van a manos de las universidades privadas, que son elegidas por los estudiantes debido a la fuerte influencia propagandística que ejercen las universidades privadas.  Esos dineros se deducen de los destinados a la educación pública. Se financia la educación universitaria privada con recursos fiscales, a precios de mercado.

 

Las tierras para quienes no la trabajan

 

En el campo la situación es aun más dura. Las tierras productivas están en manos de grandes empresas o familias, el índice de Gini aplicado a la propiedad de la tierra arroja un resultado inverosimil: 0.86 que significa que la concentración de la propiedad de la tierra está en poquísimas personas. El 78% de las tierras está en manos del 13% de la población, que son las personas más ricas del país.  El resto de la población que vive en el campo lo hace en tierras y zonas que no son las mejores y ademas en un ambiente de violencia tal que su vida está en peligro.

 

El despojo ha sido parte de la mecánica de apropiación de tierras por parte de los poderosos, es decir, ni siquiera pagan por la tierra, la toman, sin que haya quien defienda los intereses de las comunidades afectadas.

La vigencia de los TLCs ha sido para estos sectores más injusticias pues su escasa producción, en ambiente social inadecuado, con nula o escasa tecnología, debe ahora competir con productos importados que en sus países reciben subvenciones millonarias.

 

Así es hoy, y así fue antes, con pocas diferencias.  Es por ello que se explica que grupos insurgentes hayan tenido éxito en reclutar a sus miembros, no solo por las características propias de la sociedad colombiana, que según sus historiadores ha superado las diez guerras civiles, sino por la injusticia que se vive y se mira por doquier. Se podría decir que la enorme injusticia es la verdadera causante de las guerras civiles, de la constante violencia.

 

 

En Colombia hay plata

 

Pero en Colombia existe mucho dinero, es la cuarta economía latinoamericana después de Brasil, México y Argentina, 282.463 millones de dólares fue su PIB en el 2016 -según el Banco Mundial-, casi el triple que el ecuatoriano.

 

Las exportaciones colombianas en el 2016 ascendieron a más de 31 mil millones de dólares, pero en el 2012 fueron de más de 60 mil millones, aunque las importaciones, especialmente en el 2016 superan a las exportaciones, es notorio el movimiento económico.  La inversión extranjera en el 2014 alcanzó un record, 16 mil millones de dólares ingresaron a Colombia para invertirse en áreas como minería, extracción petrolera, extracción de madera, textiles, muebles áreas que son, de paso, en las que la balanza comercial es positiva.

 

En el año 2015, según el Departamento Nacional de Planeación,  Colombia en sus fábricas produjo artículos por un valor de 83 mil 794 millones de dólares, destacando la producción de alimentos, actividades de edición, tabaco, artículos de corcho. Este último es la producción en la que las pequeñas empresas, con menos de 50 trabajadores, producen más que las grandes.

 

La construcción, inmobiliarias y comercio son los sectores económicos en los que más empresas existen, pero son las empresas que se dedican al alquiler de efectos personales, servicios financieros, detectives privados las que mayor margen neto registran, según la misma DNP.

 

 

Buena parte de la circulación de dinero viene del evidente impacto de los recursos provenientes del narcotráfico que profundizan la expresión de que es un país de contrastes. Mientras en la frontera sur las casas maltrechas, despintadas son muestra de la pobreza, en Bogotá o Cali o Medellín y otras ciudades, así como en ciertas zonas del campo se puede observar hermosas propiedades. Mientras la prensa mundial expone las acciones de los narcotraficantes desde Colombia, los cargamentos incautados, los narcos detenidos, las estadísticas de tráfico, al interior del país son escasas las informaciones al respecto, existen, pero son reducidas. ¿Es esta una medida del peso que tienen los narcos en la política y los mass media? En momentos en que están de moda las telenovelas colombianas, algunas de las cuales hacen apología del narcotráfico. En momentos en que uno de los expresidentes y actual político con fuerte influencia es acusado de ser parte de las redes del narcotráfico.

 

Es indignante ver como los autos deportivos costosísimos circulan mientras en las veredas la gente se las ve difícil para llevarse una arepa a la boca.

 

Mientras para un joven de familia de clase trabajadora llegar y culminar los estudios secundarios ya es un gran logro, para los hijos de las familias pudientes prepararse para manejar los negocios familiares pasa por educarse en el exterior en las mejores y más caras universidades, con lujos incluidos.

 

Los ricos no solo tienen la mayoría de tierras, ese mismo segmento que es el más rico -el 10%- gana cuatro veces más que el 40% más pobre.

 

En el municipio de Envigado, cerca de Medellín, se encuentra el nivel de vida más alto de Colombia, tan solo el 5.43% de su población tiene alguna necesidad básica insatisfecha (compárelo con Darien). Allí viven parte de las familias más ricas de Colombia, sus autoridades y parte de su población están orgullosas de que allí se encuentre una ensambladora de autos, que explicaría su alto nivel de vida. Pero existe un velo que impide ver, o reconocer que en ese mismo municipio funciona la “oficina de Envigado” que es la sede de una organización narcoparamilitar cuyas actividades son la extorsión, tráfico de drogas y otras acciones violentas en Medellín.  Allí mismo, en la cárcel de La Catedral de Envigado, estuvo preso en jaula de oro el famoso narcotraficante Pablo Escobar.  La relación entre narcodinero y con buena parte de la riqueza en Colombia es evidente.

 

Municipios cercanos como Itaguí, Sabaneta tienen igual nivel de vida y poca población.

 

De entre las personas más ricas de Colombia, tres tienen más dinero que el multimillonario norteamericano y presidente de Estados Unidos Donald Trump.

 

Sin duda la concentración de la riqueza en pocas manos es fuente de la situación de injusticia que vive Colombia y que a lo largo de su historia se ha reproducido.

 

La constante violencia

 

La violencia es un problema grave y constante.  Los acuerdos de paz no la han eliminado, esta se reproduce principalmente en zonas azotadas por la pobreza, como Buenaventura. Es decir, los lugares donde mayor pobreza se registra también son los lugares en donde la violencia más se expresa desde el paramilitarismo, que a todas luces pretende acallar por el miedo lo que no puede ocultar a la vista, la injusta repartición de la riqueza de ese país.

 

El paramilitarismo no fue reconocido como fuerza política y por tanto no es parte de ningún proceso de negociación para la paz. Esto implicó que sigan realizando sus actividades, pero con la facilidad de no contar con el obstáculo de sus anteriores enfrentamientos con las FARC.  El gobierno les dió a conocer que su única alternativa es la entrega unilateral de las armas, lo cual obviamente no sucedió, quedando como lógica consecuencia su enfrentamiento con el Estado a través del ejército, sin embargo la vinculación entre estas dos fuerzas ha sido denunciada desde siempre. Por tanto el paramilitarismo, prácticamente intocado en estos procesos, ahora tiene vía libre para actuar, y lo está haciendo.

 

En lo que va del 2017 hasta agosto han sido asesinados más de cien dirigentes populares, buena parte de ellos a manos de paramilitares que tienen la posibilidad de controlar la geografía que antes estuvo en control de las FARC. Se podría decir que en cuanto a asesinatos de dirigentes existe discriminación de género:  88% de los asesinados son varones. La mayoría de estos actos fueron realizados en zonas en donde el paramilitarismo tiene presencia o pretende enraizarse.

 

Esto hace prever que se puede repetir lo sucedido en un anterior proceso de paz en el que las fuerzas guerrilleras dejaron sus armas, se integraron a la vida política y fueron asesinados por miles, incluidos dos candidatos a la presidencia colombiana.  Obviamente el Estado colombiano no hace su trabajo para eliminar al paramilitarismo.

 

En ese contexto, las condiciones para el resurgir del uso de la violencia como única alternativa de los sectores desposeidos están dadas, de hecho, grupos de guerrilleros, con vocación de lucha por una nueva sociedad, se desvincularon de la firma de la “paz” por considerar que esa no es la paz que necesita Colombia.

 

Elecciones y constituyente

 

La campaña presidencial se acerca, los precandidatos actuales y, sobretodo la gran prensa, van estructurando un ambiente muy conocido en Ecuador: excluyendo de a poco a los candidatos que ellos consideran inconvenientes y dando más exposición a quienes consideran adecuados, de forma que finalmente son los medios quienes ponen presidente.

 

En Colombia algunos ya anticipan qué sector político-social tendrá presidente: el uribismo, tanto por representar los intereses de la mayoría de clases sociales pudientes, cuanto por tener el dinero suficiente, como por tener el respaldo del narcotráfico.

 

Entonces la confrontación es entre Uribe y Santos, representados por sus candidatos. Sin embargo, es una confrontación falsa, son parte de lo mismo, quizá con matices que los diferencian.  Esto es tan cierto como que las medidas que Santos ha tomado en contra de las clases populares han recibido el respaldo del uribismo en el Congreso.

 

Cualquiera de las dos tendencias que gane tendrá como beneficiarios a los sectores pudientes. Si acaso la mayor diferencia entre las dos tendencias de la burguesía colombiana sea su posición frente a los acuerdos de paz. Sectores vinculados al expresidente Álvaro Uribe lo cuestionan e intentan echarlo abajo. En ese contexto la Corte Constitucional ha decidido que los acuerdos tienen una vigencia de doce años, tiempo insuficiente para algunas partes del acuerdo.

 

Mientras, los candidatos que pudieran representar los intereses de las clases trabajadoras tienen en este proceso electoral una carrera con muchos obstáculos casi insalvables.

 

La creación de parte de las FARC de un partido político, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, es solo el primer paso de la dura tarea de insertarse en el mundo de la política representativa colombiana, camino por el cual ya ha recibido el primer golpe al reducirse el financiamiento que recibirá para realizar sus actividades, unido a las dificultades propias que devienen del cambio de actividad. Muchos de sus militantes, convencidos ideológicamente, coherentes en su accionar,  entregados toda la vida a la lucha por mejores condiciones de vida para su pueblo tienen su experticia en la acción armada, muy distantes de la relación con los medios de comunicación, con el discurso, la propaganda.  Un cambio radical.

 

El partido político FARC deberá enfrentar, igual que las otras fuerzas de izquierda, la fuerte influencia de la ideología burguesa difundida en todos los estratos sociales, el desprestigio de las ideas de izquierda protagonizada por los resultados obtenidos por los llamados gobiernos progresistas que, habiendo dado pequeños pasos positivos en favor de los sectores populares, en realidad significaron duros golpes a su capacidad de acción y grandes beneficios para los sectores pudientes, todo esto disfrazado de socialismo, para colmo, con enormes escándalos de corrupción.

 

En ese ambiente se discute el llamado a una nueva constituyente. Supuestamente el ambiente de la firma de los acuerdos de La Habana y la posibilidad de concreción de lo que se discute en Quito con el ELN y el poco probable inicio de conversaciones con el EPL, abriría la posibilidad de importantes cambios que podrían plasmarse en la nueva Constitución. Pero los sectores populares no tienen posibilidades reales de llegar a ese espacio con representación que garantice cambios positivos.

 

Si la nueva constituyente se concreta, las organizaciones sociales tienen la opción de la movilización social, que se ha incrementado, para presionar a los Constituyentes a que legislen en favor popular.  Una apuesta peligrosa que tiene de positivo la movilización social, pero de negativo que la decisión la tienen sectores políticos opuestos a las mayorías sociales.  La nueva constitución tendría, bajo esta visión, pocas posibilidades de alcanzar disposiciones que profundicen derechos para las mayorías pobres de colombianos.

 

Se perfila el regreso a las armas

 

Los acuerdos de La Habana no representan por ningún lado que se lo mire mejores condiciones de vida para los amplios sectores sociales que viven en la pobreza. El presidente Santos prometió que luego de la firma los recursos destinados al conflicto se redirigirían a la educación, sin embargo el 2018 se reducirá el presupuesto para educación e investigación en 40% y se incrementará el gasto militar, clara demostración de las prioridades del Estado.

 

Ninguna medida tendiente a la construcción de una Colombia diferente está en proceso, ni en discusión, ni en elaboración.  La transformación por la cual luchó las FARC por más de 50 años no se puede avisorar por ningún lado.  Así se explica que haya guerrilleros disidentes que no aceptan el acuerdo por considerar que no se concreta un “proceso de paz integral”, es decir en el que se solucionen los problemas que dieron origen a la lucha armada.

 

Un experimentado luchador social colombiano ha dicho “es en el momento actual el mejor espacio para el crecimiento de los grupos guerrilleros” y están creciendo sobre la base de sentir que la paz firmada ha sido la paz de la rendición, de la dejación de las armas que no conducirá a otra cosa que la que se puede ver ahora mismo: injusticia, pobreza, desigualdad que vuelve a dejar como triunfadores a los ricos, a los corruptos, explotadores, paramilitares, narcotraficantes.

Pero la esperanza de los sectores conscientes no muere y es digna de encomio y reconocimiento, las ansias de cambio están intactas, pues, como dice un grafiti:  “Nos enterraron y no sabían que somos semillas”.

 

 

 

 

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Las Casas Oe3-128 (entre América y Antonio de Ulloa)

Quito-Ecuador

ISSN 1390-6038

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